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Reunión entre el Director General de Interior, Emergencias y Protección Civil de la Junta de Andalucía, parlamentarias andaluzas, responsables del Ayuntamiento de Marbella y representantes del colectivo de músicos profesionales.

Publicado 03/04/2017

 

Reunión Ayuntamiento de Marbella, Junta de Andalucía, parlamentarias autonómicas y músicos profesionalesReunión Ayuntamiento de Marbella, Junta de Andalucía, parlamentarias autonómicas y músicos profesionales

Hoy, día 3 de abril de 2017, ha tenido lugar en el Ayuntamiento de Marbella (Málaga) una reunión a cuatro bandas a la cual han asistido don Demetrio Pérez Carretero, Director General de Interior, Emergencias y Protección Civil de la Consejería de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía, doña Olga Manzano Pérez y doña María Nieves Ramírez Moreno, ambas diputadas por el PSOE en el Parlamento de Andalucía, miembros del Excelentísimo Ayuntamiento de Marbella, representados por el alcalde de la corporación municipal don José Bernal, el concejal de Turismo, Industria y Vía Pública, don Javier Porcuna, el concejal de Fiestas y Juventud, don Manuel García, doña Carmen Varo Barbudo, secretaria del Grupo Municipal de IU en el Ayuntamiento de Marbella, y por parte de los músicos profesionales Marcos Grimaldi y Andres Cuevas, en representación de la Asociación de Músicos de Marbella y AMPE - Asociación de Músicos Profesionales de España y Juan Luis Calceteiro y Bruno Marvizón en calidad de representantes de AMUSE - Asociación de Músicos de Sevilla, todos ellos en representación de todos los músicos profesionales de Andalucía.

El principal motivo de la reunión era la presentación del borrador de un nuevo decreto autonómico que regulará la actividad recreativa y de ocio tanto en espacios públicos como privados y que sustituirá a la anterior normativa, que tiene más de 15 años vigencia.

Por una parte, Demetrio Pérez, ha expuesto que “hay una demanda por parte de colectivos empresariales y vecinales de que la nueva normativa tenga en cuenta las características específicas de cada municipio” recordando la importancia de que exista un marco legal que “defina la actividad industrial, comercial y turística de forma compatible con el descanso de los ciudadanos”.

En este sentido, ha incidido en que “actualmente hay unos límites de la actividad musical según el tipo de establecimiento” y que la normativa “permitirá establecer nuevos permisos que regularán esta demanda de ocio pero siempre con el respeto al descanso de los ciudadanos”.

A su vez, ha puesto el acento en que la anterior normativa “era muy restrictiva” y que el nuevo decreto “reflejará las actuales necesidades sociales de las ciudades”, por lo que incluirá “modos de ocio y alternativas económicas que los emprendedores han puesto en marcha y que necesitan de una regulación específica”.

En este punto, ha señalado que “se trata de dar alternativa a las nuevas necesidades, como que en espacios que tradicionalmente no contemplan los conciertos en su oferta puedan albergar puntualmente actuaciones en directo como complemento y también como forma de promoción cultural”.

“No se trata de una apertura o de manga ancha, sino que vendrá a ordenar lo que realmente sucede”, ha señalado, a lo que ha añadido que será una norma “muy municipalista porque creemos en la legitimidad de los ayuntamientos para desarrollar, bajo unas normas genéricas, el modelo de ciudad que quieren”.

Demetrio Pérez ha abundado que la nueva normativa, que se está desarrollando desde hace un año en un proceso participativo de la mano de colectivos y de los ayuntamientos de la Comunidad Andaluza, podría estar en vigor en un plazo de entre ocho o doce meses.

Además de este asunto, los representantes del colectivo profesional de músicos, han introducido en esta reunión otros asuntos que afectan directamente al desarrollo de su actividad profesional. A saber, y entre ellos, la aplicación del borrador del Nomenclátor incluído en la normativa de la Ley de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas 13/1999 en vigor en la Comunidad Autónoma Andaluza. Marcos Grimaldi ha vuelto a hacer hincapié la demanda que los músicos profesionales vienen haciendo, que no es otra que la necesidad de una regulación desde las instituciones y las administraciones públicas de la actividad artística.

En la reunión, por parte del colectivo de músicos profesionales se le ha hecho entrega a las señoras diputadas de un escrito -que en una reunión anterior celebrada en noviembre de 2016 también le fue entregada al Defensor del Pueblo Andaluz, don Jesús Maeztu y que Demetrio Pérez ha comentado que tiene constancia de ese escrito y la resolución de la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz- la cual recoge los distintos problemas que este colectivo sufre continuamente para su estudio y contemplación.

Juan Luis Calceteiro y Bruno Marvizón han insistido en la necesidad, tal como recoge la ley -y que, además, es un derecho inherente de todo trabajador- a que los municipios cumplan la referida Ley de Espectáculos Públicos y, a su vez, sean los que supervisen el cumplimiento de que todo músico sea o esté dado de alta en el Régimen de la Seguridad Social por los beneficios que esto supone para todas las partes implicadas.

Se ha acordado dar traslado a la FAMP (Federación Andaluza de Municipios y Provincias) el cumplimiento de la supervisión de las leyes y normas, en especial la referida ley 13/1999.

Demetrio Pérez, Olga Manzano y María Nieves Ramírez se han comprometido a ayudar al colectivo de músicos profesionales en todo lo que esté en su mano haciéndose cargo de toda la problemática laboral y cultural que les ha sido expuesta y, a partir de esta reunión celebrada hoy, ir manteniendo otras con carácter más específico para conocer en profundidad la situación laboral de los músicos profesionales.

Por último, desde estas instituciones y administraciones se ha aconsejado a los representantes de los músicos profesionales que establezcan un organismo con voz única y que represente a todo este colectivo con el fin de ser un único interlocutor con la finalidad de agilizar las distintas relaciones entre la Administración, los poderes públicos y los músicos y artistas profesionales.

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